31 Ene El Igape impone más controles al reparto de ayudas
Las normas que regulan la concesión de subvenciones a empresas por parte del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) se han hecho más precisas y con más controles ocho meses después de que los escándalos pusiesen en duda la capacidad de control interno del organismo dependiente de la Consellería de Industria. La imputación del anterior director y el subdirector en la operación Campeón, así como la concesión de ayudas millonarias a empresas relacionadas con la esposa del segundo, anteceden a un cambio de normas que incluso harán que se implique el propio Gobierno cuando se trate de decidir con respecto a subvenciones de más de 4 millones de euros.
La nueva ordenación rebaja la autonomía del director general del Igape para dar un papel más activo al consejo de dirección del organismo, que ahora tendrá capacidad de decisión en las ayudas de más de 3 millones. Además del órgano colegiado, el presidente del instituto -puesto que recae en el conselleiro de Industria- será ahora el responsable desde la contratación de personal de alta dirección, hasta de resolver concesiones de avales de hasta 3 millones, o incluso la aprobación de obras en el propio Igape.
El director general del ente de apoyo a las empresas gallegas tendrá ahora un papel más orgánico y sus intervenciones en la concesión de subvenciones o en procedimientos de incumplimiento de plazos de aplicación o devolución de ayudas serán por delegación en lugar de dejar en sus manos prácticamente la suerte de todas las peticiones. Mientras los proyectos de más de 4 millones pasarán a manos del Consello de la Xunta, los de más de 30 deberán contar con el informe favorable de la comisión delegada de la Administración gallega para Asuntos Económicos, que será la que declare el interés estratégico de los proyectos empresariales que merezcan esa relevancia.
Las normas implantadas ayer acaban oficialmente con la interinidad que llevó al conselleiro Javier Guerra a asumir prácticamente todas las funciones directivas del Igape en junio tras la detención e imputación de sus dos altos cargos en el instituto.
Recargo por retraso en Miami
El Igape se vio obligado a pagar el pasado septiembre 310,11 dólares en concepto de penalización por no haber abonado a tiempo el alquiler de su oficina en Miami, 60,11 de ellos en concepto de intereses de demora, tal y como consta en la factura remitida por la inmobiliaria Equity Office al organismo dependiente de la Consellería de Industria y a la que ha tenido acceso La Voz de Galicia. Así, el arrendamiento del local 1.115 del número 1.221 de la avenida Brickell alcanzó en ese mes 6.321,66 dólares, a los que se sumaron 584,49 de una plaza de párking y 328,06 más de dos líneas telefónicas y otras dos líneas de Internet, pese a que solo una persona utiliza desde junio y esporádicamente las instalaciones, cobrando por ello otros 1.000 dólares más a la semana. El importe del local, cuyo contrato de alquiler estará vigente hasta noviembre del 2013, sufrirá un nuevo incremento el 1 de diciembre hasta situarlo en 6.377,15 dólares al mes, según fuentes de la Administración gallega. Dicho pago podría llegar a simultanearse con el que abone el Igape por la oficina comercial que abra en su nombre la Confederación de Empresarios en Miami, dado que el instituto no previó en su acuerdo con la patronal la obligatoriedad del uso del mismo local que desde el 31 de mayo pasado apenas tiene actividad y que fue alquilado por cinco años.