El debate abierto en Galicia sobre la funcionalidad y la adaptación de las cámaras a las demandas sociales cuenta con la activa participación del colectivo de los autónomos, muy critico con estas instituciones. Su secretario general en Galicia Eduardo Abad, lleva años pidiendo la libre asociación.
Según publica La Voz de Galicia, un fuerte dispositivo policial, compuesto por 40 agentes de la Guardia Civil y de la policía nacional, logró abortar la concentración de vehículos que desde hace un año se viene celebrando las noches de los viernes en el polígono industrial de O Campiño.
La Asociación de Empresarios del Polígono del Tambre, que preside Manuel Caeiro, celebró ayer una asamblea ordinaria, en cuyo orden del día destacaba una propuesta de modificación de los estatutos para que puedan entrar a formar parte de la agrupación las industrias radicadas en los nuevos polígonos.
En el día de hoy, en la sala de formación 2 del Centro de Iniciativa Empresarial del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, en el Parque Empresarial de A Granxa, Aenor y la Federación desarrollaron una Sesión Informativa sobre el sistema comunitario de Ecogestión y Auditoría (EMAS) con el siguiente contenido:
Las nueve cámaras de comercio de Galicia han gastado en los últimos quince años más de 200 millones de euros (33.000 millones de pesetas) de dinero público sin control por parte de la Xunta. Las últimas auditorías a las que fueron sometidas las cámaras gallegas corresponden a los años 1991 y 1992 y fueron realizadas por el Consello de Contas, organismo encargado de su fiscalización.
La patronal gallega considera excesivo que una comunidad como Galicia cuente con nueve cámaras de comercio y propone que sólo haya una institución cameral por provincia, lo que conllevaría la desaparición de cinco de las nueve instituciones. La organización empresarial liderada por Antonio Fontenla se ha sumado al debate abierto sobre la funcionalidad de estas instituciones y ha vuelto ha defender la postura que siempre ha mantenido: la de criticar las obligaciones hacia las cámaras y apostar por un modelo de libre asociación. La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) entiende que «la representación del sector empresarial recae de manera exclusiva en las organizaciones empresariales creadas libre y voluntariamente por los propios empresarios», sostiene Antonio Fontenla. La patronal insisten que la defensa de las empresas, de esta forma, corresponde de manera exclusiva a organizaciones elegidas democráticamente.
Según publica hoy La Voz de Galicia, nuestra Comunidad Autónoma es en la actualidad, junto a Extremadura y Cataluña, la única comunidad en la que las cámaras no ofrecen el servicio de la ventanilla única empresarial, un sistema que permite resolver todos los trámites para crear una sociedad en un solo punto y con el que también se da asesoramiento al emprendedor sobre el plan de negocio. Bajo esta fórmula, muy utilizada en el resto de España, se han creado más de 50.000 sociedades en el conjunto del país durante los últimos años.
La Xunta y las nueve cámaras de comercio firmaron ayer en Santiago la renovación del Plan de Fomento das Exportacións Galegas, Foexga, cuyo objetivo es abrir a los mercados exteriores la producción de las pymes de la comunidad. Según el acuerdo alcanzado, el programa contará este año con un presupuesto de 4,6 millones de euros. De esa cantidad, las instituciones camerales aportarán 1,2 millones y el resto lo financiará la Xunta o lo pagarán directamente las empresas.
Según publica Expansión, la Asociación de Empresarios de Agrela estudia la posibilidad de implantar el metro ligero o el tren de cercanías para conectar el polígono con la ciudad, el Puerto Exterior y Arteixo. Éste es uno de sus objetivos para este año, así como la apertura de una guardería infantil.
Según publica Faro de Vigo, la Autoridad Portuaria de Vigo cede a Zona Franca el solar sobre el que se levanta el futuro centro comercial A Laxe, actualmente en construcción, a cambio del 15% de los terrenos del Consorcio en el Puerto Seco de Salvaterra-As Neves. Éste es el acuerdo al que llegaron ayer Zona Franca y Autoridad Portuaria, con el que la primera institución citada pasará a ser titular de los 12.000 metros cuadrados de la parcela del área comercial, mientras que la institución portuaria alcanza el 60% de los 4,2 millones de metros cuadrados en la plataforma logística. El acuerdo debe ser ratificado por el Gobierno central, dado que ambas instituciones forman parte de la administración del Estado.
