Las nueve cámaras de comercio de Galicia han gastado en los últimos quince años más de 200 millones de euros (33.000 millones de pesetas) de dinero público sin control por parte de la Xunta. Las últimas auditorías a las que fueron sometidas las cámaras gallegas corresponden a los años 1991 y 1992 y fueron realizadas por el Consello de Contas, organismo encargado de su fiscalización. Desde entonces, el Consello de Contas se limita a recibir y archivar, sin supervisión alguna, los libros de contabilidad de las cámaras gallegas. El organismo responsable de auditar las cuentas públicas ni siquiera intervino en el año 1995, cuando fue desalojada la Cámara de Comercio de Vilagarcía, tras ser gestionada durante diez años por el narcotraficante Pablo Vioque.

Consello de Contas

«Nin nós nin niguén está a fiscalizar as contas das cámaras», admite Francisco Constenla Acasuso, el conselleiro de contas responsable del área institucional que incluye a este tipo de enidades públicas.

El Consello de Contas dispone de 2 auditores, 4 técnicos y 3 ayudantes para fiscalizar todo el aparato institucional de la Xunta, incluyendo universidades y fundaciones.

«Non damos abasto e o certo é que nestes anos houbo outras prioridades», explica Constenla para razonar por qué no las cámaras llevan tanto tiempo sin un control financiero.

Tampoco es posible una supervisión exterior por parte de las empresas obligatoriamente asociadas. Ninguna de las entidades gallegas ofrece información pública en sus web institucionales acerca de su presupuesto, gastos e ingresos. Algunas cámaras, como las de Ferrol y A Coruña, no aportan ni un sólo dato económico sobre su contabilidad al público.

El resultado es un descontrol absoluto, tanto en la contratación de personal como en el pago de servicios, cursos y honorarios en las cámaras. Pueden hacerlo bien o hacerlo mal, porque realmente nadie lo audita. Según los datos obtenidos por este periódico, este mismo año, las cámaras gallegas gastarán más dinero en su burocracia interna que en la promoción internacional de las empresas, actividad que es una de las razones centrales de la existencia de estas entidades.

Las cámaras de A Coruña, Vigo, Tui, Vilagarcía, Pontevedra, Ferrol, Santiago, Lugo y Ourense han presupuestado un gasto para el actual ejercicio económico de 19 millones de euros. La mayor parte del dinero procede de subvenciones directas o impuestos cobrados a las empresas.

Madrid exige a Fernández Tapias que «no siga gastando más de lo que ingresa»

La Comunidad de Madrid, al contrario que la Xunta, sí está ejerciendo su labor de control sobre la única cámara de comercio de su jurisdicción.

El presidente de la Cámara de Madrid, el vigués Fernando Fernández Tapias, ha recibido una carta del consejero de Economía, Fernando Merry del Val, en la que le exige que siga una estrategia financiera ortodoxa «no gastando más dinero del que ingresa».

Un estracto de la misiva fue publicado esta semana. La reprobación de la comunidad hacia la gestión económica de la Cámara de Comercio de Madrid se originó ante el intento de Tapias de vender tres inmuebles para financiar la entidad. La operación fue vetada por el Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre.

La labor de la Xunta

La Xunta es la principal responsable de la falta de fiscalización de las cámaras gallegas. Las nueve entidades envían todos los años un resumen de sus cuentas al Consello de Contas y a la Consellería de Industria, pero la Administración autonómica se limita a guardarlos en un cajón sin revisar si las instituciones camerales hacen o no una buena utilización de sus fondos públicos.

La Lei de Cámaras Oficiais de Comercio, Industria e Navegación de Galicia, aprobada en julio del 2005, insiste en la potestad de la Xunta para auditar las cuentas. Tras quince años sin una sola auditoría, el Consello de Contas explica que nunca hubo directrices concretas para controlar a las cámaras y que en este momento carece de personal suficiente para hacerlo.

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